La Ley Agraria de Castilla y León margina «lo forestal»
No podemos mantener por más tiempo esta Ley Agraria porque contribuye a la desaparición del medio rural
Castilla y León se ha considerado siempre a sí misma una amplia meseta cerealista. Sin embargo, actualmente el 54%1 de la superficie de la comunidad es forestal y el 35% está arbolada. La agricultura más productiva se concentra cada vez más en las superficies de regadío, la superficie cultivada se reduce y la ganadería se intensifica a gran velocidad dejando tras de sí un territorio que sufre su mayor transformación desde el neolítico.
Reducir la agricultura y la ganadería a ese 46% del territorio y a las naves ganaderas es una visión reduccionista del medio rural que va a generar problemas a largo plazo. Llorar por el territorio vacío y, simultáneamente trabajar por la concentración de su actividad en una parte cada vez más pequeña, es muy contradictorio.
La actividad rural se basa en tres pilares profundamente conectados: agrario, ganadero y forestal. El abandono de tierras marginales ha supuesto la recuperación, de forma natural o artificial, de mucha superficie arbolada que sustenta una vegetación mayoritariamente muy joven. Los largos ciclos de desarrollo del arbolado dificultan que percibamos el cambio tan drástico que se está produciendo, pero baste decir que el volumen de la masa forestal arbolada se ha multiplicado por 3 en 30 años.
La periferia de la meseta, la cordillera Cantábrica y los sistemas Ibérico y Central tanto en la cuenca del Duero como las vertientes al Miño, Ebro y Tajo son territorios rurales profundamente forestales, donde los productos primarios como pastos, madera, caza, hongos, etc. y sus, actividades industriales asociadas —junto a las actividades terciarias de turismo activo y naturaleza— son la base de la economía.
Las actividades forestales productivas, especialmente las vinculadas a madera-biomasa han experimentado un crecimiento muy importante, la movilización del recurso se ha multiplicado por tres sin que esto haya supuesto aumentar la tasa de extracción. Las industrias del sector forestal-madera de Castilla y León facturan más de 1.600 millones de euros2, más que subsectores mucho más atendidos como el del vino o el azúcar. Mientras que simultáneamente las masas forestales maduran y los ecosistemas forestales mejoran.
Desde la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCYL) queremos levantar la voz para dejar constancia de uno de los obstáculos que, tanto en la forma como en el fondo, lastran el desarrollo forestal, y por tanto rural, en Castilla y León: la Ley Agraria. Si bien es un tema antiguo y conocido por las administraciones responsables, no se le pone solución.
La Ley 1/2014 de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León3 establece en su artículo 3.2 “A los efectos de esta ley, se entenderá como sector agrario exclusivamente al agrícola y ganadero.”. La ley nacional, Ley 19/1995 de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias4, en su artículo 2.1 define “Actividad agraria, el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales” teniendo este artículo consideración de legislación básica de acuerdo con la disposición adicional primera de dicha ley.
Aparentemente, para cualquier ciudadano, la no inclusión de lo forestal en la Ley Agraria podría parecerle apenas significativo, pero los que trabajamos por y para este sector de nuestra Región tenemos constancia de que se está produciendo una situación verdaderamente injusta, de indefensión de una parte de los administrados de la Región (los propietarios forestales, con la no desdeñable cifra de más de 700.000 ciudadanos) producida por este hecho.
Prueba de ello es que, aunque esta Ley dedica por completo su Título II a la “Concentración parcelaria”, cuando una Asociación de propietarios forestales concienciada del problema de la falta de gestión que -tras un incendio forestal- se une y se pone de acuerdo (con la dificultad que entraña) para revertirlo y hace una solicitud de concentración (íntegramente financiada por sus socios), ve cómo la administración, en vez de acompañar en el procedimiento, la paraliza durante años. ¿Pero qué se puede esperar de una Ley donde la palabra “forestal” solo aparece 5 veces en sus más de 130 páginas?
Multifuncionalidad del territorio rural
Esta Ley regional está impidiendo, en la práctica, la gestión forestal del monte privado, muy minifundista, y que representa en torno a la mitad de la superficie forestal, provocando su abandono y que acabe siendo pasto de unos incendios cada vez más virulentos.
Podría parecer un asunto sencillo de corregir o fácil de recurrir, pero el problema es el enfoque de gestión del territorio subyacente. Un enfoque que no podemos tildar sino de corporativo, reduccionista y patrimonialista.
La división competencial en distintas consejerías no debe aparejar la fragmentación del territorio rural en compartimentos estancos independientes. El territorio evoluciona de forma dinámica y multifuncional y, si bien las “cajas” pueden tener una utilidad operativa debe superponerse una visión amplia e integradora.
Como Mesa no podemos admitir que los problemas sean que aquí mandan los agrónomos, los veterinarios o lo forestales porque como sociedad no nos podemos permitir estar en eso.
La problemática de equilibrio entre agricultura, ganadería y monte es compleja y siempre ha existido. Pero precisamente es desde este equilibrio desde el que se optimizan las oportunidades y necesidades del medio rural y lograrlo debe ser el gran reto de una comunidad eminentemente forestal.
Un ejemplo de esta complejidad lo estamos viendo actualmente en las dificultades para gestionar los problemas sanitarios de la ganadería extensiva y la falta de expectativas de alcanzar algún objetivo debido a la pervivencia de las enfermedades en la fauna silvestre.
El monte necesita ganadería extensiva y el exterminio de la fauna silvestre no puede ser la solución. Los problemas complejos necesitan planteamientos equilibrados y para eso disponemos de conocimiento suficiente.
La cuestión es que si vivimos de espaldas a nuestra realidad y permitimos que nuestra legislación margine “lo forestal” es probable que nunca alcancemos ese equilibrio decisivo para el desarrollo rural de Castilla y León. Si la agricultura y la ganadería intensiva parten del supuesto de que tienen derecho a una importante cantidad del presupuesto comunitario, abandonando a su suerte a todos los territorios de mediana y baja productividad, sin preocuparse de los problemas de seguridad ciudadana que se están creando (incendios) y sin enfocar la gestión desde una razonable mejora de la calidad ambiental, se pueden encontrar con que la sociedad urbana no está dispuesta a financiarlos.
No es entendible, en una región tan extensa y con tantos problemas de despoblación rural, que no se aproveche un recurso, con tantos parabienes económicos, medioambientales, sociales… Desde la MIMCYL estamos convencidos de que la lógica y la sensatez se acabarán imponiendo, pero la cuestión es cuándo: estamos perdiendo una oportunidad histórica de aprovechamiento de recursos locales, y de revertir la despoblación del entorno rural, éxodo que puede llegar a ser irreversible en poco tiempo.
Tenemos que pensar como Comunidad. No podemos mantener por más tiempo una Ley Agraria que contribuye a la desaparición del medio rural.
[1] Fuente: Portal de Datos Forestales de Castilla y León. https://datos.pfcyl.es/
[2] Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Fecha de consulta: 1/6/2021 https://datos.pfcyl.es/
[3] https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/estadistica-informacion-agraria/ley-agraria-castilla-leon.html
[4] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-16257
